Unión colegial frente al recorte del 40% en la justicia gratuita
Unidos contra el recorte.
Los decanos de los colegios de abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel –Antonio Morán, Ángel García y Marnuel Gómez, respectivamente– escenificaron ayer su unidad contra el recorte del 40% en los presupuestos de justicia gratuita de la DGA para este año, de 4,4 a 2,7 millones. Respaldarán las medidas de presión que adopten los letrados del turno de oficio, siempre que no supongan ninguna afección al ciudadano. Los de Zaragoza se reúnen esta tarde en asamblea. El malestar se mantiene porque, aunque la DGA –tanto del consejero de Presidencia, Vicente Guillén, como la directora general de Justicia, Mariángeles Júlvez– les hayan asegurado que el recorte es ficticio (lo que no cubra el presupuesto se tomará de los fondos de contingencia), no hay «constancia» de ello, expuso Morán. «Es una situación un poco contradictoria, porque se tiene una previsión de gasto mayor», indicó, añadiendo que el recorte generó una «indudable alarma y sorpresa». Más aún cuando el colegio aún no ha recibido los pagos de las guardias (atenciones a detenidos, por ejemplo) y asistencias (los casos completos) desde el segundo trimestre del año pasado. Los decanos coincidieron en que los criterios de la comisión de Justicia Gratuita –que decide si se pueden beneficiar de ella los casos dudosos– son cada vez más mercantilistas, y exigen acreditar ingresos a gente que, por sus propias condiciones, no está en disposición de hacerlo. Además, acusaron a la DGA de interferir en la organización de las guardias, atribución colegial, al no dar el dinero necesario. Por todo ello pidieron que, si no van a aumentar sus «magros» ingresos, al menos los dejen igual.
Cada vez recortan más hasta en desahucios.
Para la letrada Irene Romea, «cada vez recortan más en Justicia Gratuita, se ven denegaciones hasta en desahucios». A ella le tocó asistir a una mujer, viuda y con una hija discapacitada, al borde del desahucio, a la que solo se la concedieron parcialmente. El recorte le parece «un hachazo, no creo que llegue para cubrir septiembre. Ya cobramos a 1,5 euros a la hora».
La letrada Rebeca Santamalia explica que, «hace cinco años, no te denegaban nada» en la comisión de Justicia Gratuita, algo que ahora es mucho más común. «Piden papeles a gente que a menudo no sabe desenvolverse, y a veces les importa poco», lamenta. Teme que los paganos del recorte acaben siendo los letrados, «porque la gente tendrá derecho igual, es constitucional».
El abogado Carlos Vela está en el turno porque cree que «hay que estar, la gente sin recursos se merece ser defendida», explica. «Cuando entras ya sabes que vas a cobrar con retraso y poco», admite, «pero hay cosas que… ¿Cómo voy a reclamar yo a un cliente que sé que no tiene dinero, pero al que se la han denegado por no presentar papeles?», se pregunta.
Artículo publicado en El Periódico de Aragón.
