El jefe de obra de Codesport asegura que Agapito Iglesias fijó el precio de los trabajos en las naves de Plaza

Una nueva página en el caso Codesport

El jefe de obra de Codesport, Miguel Ángel Naya, ha declarado este jueves ante el juez que era Agapito Iglesias, propietario de la constructora y exdueño del Real Zaragoza, y su personal quienes dictaminaban las certificaciones de obra y las cantidades económicas a cobrar en las 119 naves construidas en Plaza. El juez instructor del caso Codesport, Franciso Picazo, ha tomado nuevas declaraciones tal y como le pidió la Audiencia Provincial de Zaragoza.

“Nos han dicho que el que ponía el precio era Agapito Iglesias directamente”, ha explicado a los medios la abogada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Irene Romea, que ejerce la acusación popular. Para Romea, la obra de las 119 naves de Plaza se realizó con “mucho desprecio al dinero público”. El caso Codesport investiga un presunto sobrecoste de 17,8 millones de euros en estas naves adjudicadas a la empresa de la que toma el nombre, propiedad de Agapito Iglesias.

“Mi impresión es que la dirección facultativa era fantasma e inexistente”, ha señalado Romea, quien ha considerado que “todo lo manejaban” entre Agapito Iglesias, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, y el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Esco, «quien finalmente aceptó esos sobreprecios de obra de una forma injusta para el dinero de los aragoneses».

Siempre según ha explicado Romea, el jefe de obra de Codesport también ha dicho que las certificaciones de obra se hacían “a capón”, es decir, se certificaban por porcentaje “pero sin tener mucho en cuenta lo que realmente se había ejecutado”.

Además de Naya, este jueves también han declarado los técnicos Gerardo García, Óscar Paredes, Alberto Casado y Ángel Goyanes, éste último empleado de la empresa Autocity y designado por ésta para el seguimiento y control de la obra. Todos ellos habían sido propuestos por la defensa de Ricardo García Becerril, ejercida por los letrados José María Gimeno del Busto y José María Pabán.

Sobre las declaraciones de los directores de obra, Romea ha considerado que “resulta francamente increíble” que hayan asegurado que “no sabían nada de precios y que sólo se dedicaban a proyectar” puesto que eran los encargados de “controlar que lo que se ha ejecutado y lo que se está cobrando es lo que realmente hay”.

También estaba prevista para este jueves la declaración de un representante de la empresa Gerens -designada por Autocity al inicio de la obra para ejercer un control sobre la misma y coordinar reuniones entre las partes implicadas- y el auditor de Plaza Alberto Abril. Este último propuesto por la defensa de Carlos Esco, ejercida por el letrado Juan Monclús. La declaración de estas dos personas se ha aplazado hasta el lunes, 19 de enero.

Las declaraciones de este jueves se han producido después de que el pasado 12 de diciembre la Audiencia Provincial de Zaragoza cuestionara el cierre de la instrucción del caso Codesport e instara al juez Francisco Picazo a practicar una nuevo pericial económico contable para investigar los movimientos de dinero de los imputados en esta causa.

Con la toma de estas declaraciones, el juez Picazo cerrará previsiblemente la instrucción del caso Codesport. Además, según ha publicado El Periódico de Aragón, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía ha solicitado a este magistrado que no extienda “innecesariamente” la instrucción de este caso y le pide que derive al Juzgado de Instrucción 2 de Zaragoza cualquier investigación sobre un posible delito de blanqueo de capitales.

Artículo publicado en Aragón Digital.