La oficina antidesahucios de Zaragoza logra sus primeros casos de éxito

Las consecuencias de la crisis

El programa de mediación de deuda hipotecaria puesto en marcha en Zaragoza, en el marco de un convenio entre el ayuntamiento de la capital aragonesa y el Gobierno aragonés, ya dado sus frutos en poco más de cinco meses de vida. Por el momento ya se han conseguido siete mediaciones favorables en las que se ha logrado refinanciar la deuda o consensuar con el banco la dación en pago de la vivienda. Siete casos que suponen un oasis de esperanza en una sangría de ejecuciones hipotecarias motivada por la crisis económica que está provocando numerosas tragedias familiares y que ha logrado reunir incluso a asociaciones de jueces y fiscales de distinta orientación para reclamar un cambio en la ley.

Por que el código de buenas prácticas al que pueden acogerse, de forma voluntaria, los bancos para tratar de llegar soluciones alternativas al desahucio no deja de ser un brindis al sol. «Apenas el 5% de los casos que vemos entran dentro de las condiciones, dado que, por ejemplo, se exige que el afectado no tenga ingresos ni tampoco sus avalistas», asegura el coordinador del programa, Sergio Castells.

Un problema creciente.

En la calle San Pablo se encuentran las instalaciones de Zaragoza Vivienda y del programa de mediación de deuda hipotecaria, más conocido como oficina antidesahucios. Un coordinador, dos trabajadores sociales y cinco abogados expertos en mediación tratan de buscar soluciones a las tragedias familiares a las que ponen número desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En los primeros seis meses del año, se han producido en la comunidad aragonesa 1.105 ejecuciones hipotecarias, 776 en Zaragoza capital, una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior, tras el brutal repunte de los años 2007 al 2009.

El 22 de junio, el programa abrió sus puertas tras haber incluido el consistorio una partida en los presupuestos a instancias de IU, como una de sus condiciones para aprobar las cuentas. Desde entonces, se han atendido 190 consultas de información y asesoramiento sobre deuda hipotecaria. De ellas, 35 no han podido adscribirse a la oficina por no cumplir alguno de los requisitos, como ser propietarios de más de una vivienda, estar situada fuera del término de Zaragoza o no se ya propietarios al estar el piso adjudicado ya tras subasta a la entidad financiera o terceros.

Los expendientes.

Entre todas estas consultas, se han abierto ya 48 expedientes de mediación en deuda hipotecaria: 11 preventivos, es decir, que las familias todavía no tienen cuotas pendientes de pago; 20 con demoras en los pagos y 17 ya con demanda de ejecución hipotecaria presentada. El proceso pasa por la realización, por parte de los trabajadores sociales, de un plan de viabilidad económica que estudia las necesidades y las causas que han llevado a la familia a la posibilidad de perder su vivienda. Un total de 32 expedientes han pasado ya esta fase y 31 se encuentran en manos de los letrados mediadores del Colegio de Abogados de Zaragoza, que se encargan de emprender las negociaciones con las entidades acreedoras.

De estas, 14 aún están en trámite con los bancos sin procedimiento judicial, otros 5 se está mediando existiendo ya procedimiento de ejecución. Y de los siete que han salido adelante con éxito, cuatro casos se han resuelto con refinanciaciones favorables para las partes, dos con dación en pago y una con venta saldando préstamo. Otras cinco han resultado fallidas, cuatro por no admisión por la entidad y una porque no ha aceptado el deudor.

Una vez que la tramitación llega a los letrados, estos realizan una petición al banco apelando al código de buenas prácticas. «En general depende de la voluntariedad de la entidad en cuestión, pero hay bancos que ni se han leído el código de buenas prácticas», asegura la abogada experta en mediación Irene Romea, que forma parte del programa.

En muchos otros casos, los más frecuentes, los afectados ni siquiera pueden adherirse a él porque tienen algún ingreso. «Por ejemplo, tenemos familias a las que les entra un sueldo de 1.200 euros que no pueden pagar la hipoteca por las cuotas», relata una trabajadora social del programa. «También hay mucha falta de información a la hora de realizar una hipoteca con avalistas. La gente no sabe a qué se enfrenta en estos casos, cuáles son las implicaciones», añade.

Según los datos que manejan desde el programa, el 70% de los casos que atienden son familias con hijos y buena parte de ellos suscribieron una hipoteca en el boom inmobiliario.

«Vienen con una gran angustia vital por el proceso en el que están. Igual que la familia si los ha avalado», explica Romea, que apunta directamente a la variabilidad con la que las entidades toman sus decisiones. «Si ellos quieren, se puede hacer algo. Tienen el poder en su mano».

Artículo publicado en El Periódico de Aragón.